Marketing e impuestos: El Día sin IVA

Captura de pantalla 2013-06-03 a la(s) 10.14.57Como viene siendo habitual durante los últimos años, Media Markt y otras distribuidoras como El Corte Inglés ponen en marcha una de sus campañas promocionales y de reclamo publicitario más relevantes de la temporada: “El día sin IVA”.

Muchos compradores aprovecharán este día para hacer sus compras, beneficiándose de los siempre apetecibles descuentos. Sin embargo, ¿sabemos los consumidores en qué consiste una campaña de descuento del IVA?

En primer lugar, y para tranquilizar a todos aquellos ciudadanos preocupados de nuestro déficit público y la recaudación del Estado, hay que decir que aunque el establecimiento les descuente un importe equivalente al IVA, ellos no dejarán de pagar el impuesto en el precio final del producto. Lógicamente, por muy buena campaña publicitaria que haga, ninguna empresa podrá dejar de repercutir legalmente el IVA al consumidor final y encargarse de ingresarlo en la Hacienda Pública.

En segundo lugar, será conveniente conocer qué descuento nos va a aplicar el vendedor cuando nos promete todo un día sin IVA. Los consumidores sabemos que el tipo impositivo del IVA para la mayoría de productos es del 21%, tras la subida aplicada por el Gobierno el año pasado. La primera tentación es por tanto pensar que si nos descuentan el IVA del producto nos descontarán el 21% del precio que tenía antes de la promoción. Es decir, si por ejemplo un iPod nos costaba 100€, nos harán un descuento de 100 X 0,21=21€.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad… El descuento que nos aplicarán es sustancialmente menor. Esto se debe a que el IVA no se calcula sobre el precio final de un producto, sino por un concepto intermedio del que muchos consumidores se olvidan o simplemente desconocen y que no es otro que la denominada base imponible. La definición y composición de esta base imponible se encuentra en el artículo 78 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, pero a un nivel muy básico, podemos entenderla como el precio de venta que marca el vendedor, sin restarle los descuentos que nos pueda hacer, y lógicamente sin aplicarle todavía el IVA. Así, tenemos que:

Precio final = Base imponible + IVA;

siendo el IVA = Base imponible X 0,21.

Desarrollando la ecuación: Precio final = Base imponible + (Base imponible X 0,21)

Y sacando factor común: Precio final = Base imponible X (1 + 0,21) = Base imponible X 1,21.

Así vemos como para obtener la base imponible de un determinado producto a partir de su precio final tendremos que hacer el siguiente cálculo:

Base imponible = Precio final / 1,21.

Volviendo a la compra de nuestro iPod, comprobamos como el descuento que se nos aplica es claramente inferior a ese intuitivo 21%:

100 / 1,21 = 82,64€ es la base imponible o el precio de nuestro iPod sin IVA.

100 – 82,64€ = 17,36€ es el descuento que nos aplicará en realidad el vendedor.

Vemos por tanto como el descuento en porcentaje que se nos aplica sobre el precio final es del 17,36% y no del 21% como nuestro subconsciente y algunos torticeros mensajes publicitarios nos incitan a pensar.

El juego del marketing y los impuestos no termina en esta técnica ni mucho menos. Resulta más palpable por nuestro subconsciente y sobretodo por nuestro bolsillo la paulatina subida de precios que han experimentado la mayoría de productos en los supermercados antes de la reciente subida del IVA del 18% al 21%, para a partir de su entrada en vigor proclamar a los cuatro vientos que no se iban a tocar los precios. Otra técnica frecuente es la reducción en la cantidad de producto vendido manteniendo el precio (por ejemplo envases de 10 mililitros menos de capacidad) o directamente la subida generalizada en los precios del producto antes de aplicar la oferta. Además hay que tener en cuenta los perniciosos efectos para nuestros bolsillos que tienen otras prácticas habituales como el redondeo o la simplificación de precios.

Imagen | Día sin IVA de Mediamarkt

Cronómetro para oposiciones

relojEn la preparación de cualquier tipo de oposición es fundamental el control del tiempo, para planificar actividades diarias, hacer simulacros de pruebas y sobretodo acostumbrarse a “cantar” en aquellas que requieran exposición oral de temas.

Esta página contiene un cronómetro y temporizador gratuitos y muy útiles para realizar todo este tipo de tareas. Son totalmente configurables y disponen de alarma sonora opcional:

Cronómetro y temporizador online.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración del IRPF del ejercicio 2012?

Campaña de Renta 2012

El pasado 2 de abril arrancaba la Campaña de Renta 2012 de la Agencia Tributaria, como consecuencia, muchos contribuyentes se preguntan si tienen o no obligación de presentar su declaración de la renta este año. En este artículo trataremos de dar respuesta a esta duda.

La regulación de esta materia se encuentra en los artículos 96 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y 61 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF. El esquema lógico que está detrás de esta normativa sería el siguiente:

En primer lugar, se establece la regla general de que todos los contribuyentes que hayan obtenido rentas sujetas al impuesto en el ejercicio 2012 estarán obligados a presentar la declaración del IRPF (en los arts. 6 y 7 LIRPF se definen las rentas sujetas y exentas al impuesto).

Sin embargo, se establecen una serie de excepciones a esta regla general, por lo que en los casos que a continuación veremos, aunque se obtengan rentas sujetas al impuesto no existiría la obligación de presentar la declaración:

1. Los contribuyentes cuyas rentas procedan exclusivamente de las siguientes fuentes, siempre que no superen ninguno de los límites que en cada caso se señalan, en tributación individual o conjunta:

1.1. Rendimientos íntegros del trabajo (incluidas pensiones y haberes pasivos, pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y anualidades por alimentos no exentas) cuyo importe no supere:

a) 22.000 euros anuales, con carácter general.

b) 11.200 euros anuales, en los siguientes casos:

b) 1. Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

b) 1.1. Cuando la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.

b) 1.2. Cuando se trate de pensionistas con dos o más pagadores y el importe de las retenciones practicadas por éstos haya sido determinado por la Agencia Tributaria, previa solicitud del contribuyente al efecto por medio del modelo 146, siempre que, además, se cumplan los siguientes requisitos:

  • No haya aumentado a lo largo del ejercicio el número de los pagadores de prestaciones pasivas inicialmente comunicados.
  • El importe de las prestaciones efectivamente satisfechas por los pagadores no difiera en más de 300 euros anuales del comunicado inicialmente.
  • No se haya producido durante el ejercicio ninguna otra de las circunstancias determinantes de un aumento del tipo de retención previstas en el Reglamento del Impuesto.

b) 2. Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas del impuesto.

b) 3. Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.

b) 4.  Cuando se perciban los siguientes rendimientos del trabajo sujetos a un tipo fijo de retención:

  • Retribuciones por la condición de administradores y miembros de los Consejos de Administración, Juntas y otros órganos representativos.
  • Rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a su explotación.

1.2. Rendimientos íntegros del capital mobiliario (dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos o de valores de renta fija, etc.) y ganancias patrimoniales (ganancias derivadas de reembolsos de participaciones en Fondos de Inversión, premios por la participación en concursos o juegos, etc.), siempre que unos y otras hayan estado sometidos a retención o ingreso a cuenta y su cuantía global no supere la cantidad de 1.600 euros anuales.

1.3. Rentas inmobiliarias imputadas que deriven de la titularidad de inmuebles de uso propio, aunque hayan estado desocupados, así como rendimientos del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales. (Por no dar lugar a imputación de rentas inmobiliarias, no se tomará en consideración a estos efectos la vivienda habitual del contribuyente, ni tampoco las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con ésta, hasta un máximo de dos, así como el suelo no edificado).

2. Los contribuyentes que en el ejercicio 2012 hayan obtenido exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, del capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, hasta un importe máximo conjunto de 1.000 euros anuales, y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros, en tributación individual o conjunta.

Contribuyentes no obligados a declarar

Contribuyentes no obligados a declarar

Finalmente, se establecen una serie de supuestos en los que estas excepciones dejan de surtir efectos (serían la excepción de la excepción) y en todo caso persiste la obligación general de presentar declaración para los siguientes contribuyentes:

  • Quienes tengan derecho a deducción por inversión en vivienda, por cuenta ahorro-empresa o por doble imposición internacional y deseen ejercitar tal derecho.
  • Quienes hayan realizado aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad, a planes de pensiones, a planes de previsión asegurados, a mutualidades de previsión social, a planes de previsión social empresarial o a seguros de dependencia, por las que tengan derecho a reducir la base imponible del impuesto, siempre que deseen ejercitar tal derecho.
  • Quienes deseen solicitar devoluciones derivadas de la normativa del impuesto.

Más información | Manual Práctico RENTA 2012 (AEAT).

Cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad en formato Excel

En esta entrada únicamente quiero compartir una herramienta, muy simple, pero que creo que puede ser de gran utilidad para todos los que manejamos la contabilidad con frecuencia.

Se trata de un cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad de 2007 (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre) en formato Excel. Es muy fácilmente editable y modificable, pudiendo añadir comentarios o imprimirse en el tamaño que se desee. Además, la búsqueda de cuentas por número o por denominación es muy rápida, gracias al buscador integrado de Excel.

Esperando que os resulte de tanta utilidad como a mí, aquí os dejo el archivo:

Cuadro de Cuentas PGC 2007

 

 

El “fraude carrusel” en el IVA: un problema sin resolver

Hoy publica el Diario Expansión la buena noticia de que la AEAT ha conseguido desmantelar una organización internacional con sede en Pontevedra, dedicada al fraude de IVA en el sector informático. La trama, encuadrada en la denominada “operación Marcianitos” habría defraudado al menos cinco millones de euros entre 2011 y 2012 y se ha saldado con la detención de 14 personas bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo. (Aquí pueden leer la noticia al completo).

En este post, trataremos de explicar el funcionamiento básico de este tipo organizaciones dedicadas al conocido como “fraude carrusel” en el IVA, una de las grandes brechas de la recaudación de los países europeos por este impuesto:

El denominado “fraude carrusel” se deriva de las lagunas existentes en el actual régimen de tributación por IVA de las operaciones intracomunitarias, provocadas por la inexistencia de una armonización tributaria plena entre los países de la UE. Como cada Estado tiene un tipo de IVA distinto y los países que fuesen importadores netos verían reducida su recaudación (tendrían que devolver a los restantes Estados miembro más cuotas soportadas por las importaciones realizadas que cuotas repercutidas que les fuesen devueltas por las exportaciones realizadas), se ha optado por un régimen transitorio, aplicable desde el año 1993, según el cual la empresa adquirente del producto importado se auto-repercute la cuota que correspondería a dicho producto, para simultáneamente poder deducirla (en la práctica no ingresa nada en Hacienda). En posteriores entregas dentro de su mercado interior, sí repercutirá IVA, dando derecho a deducción al siguiente adquirente.

El esquema de defraudación de esta figura se pude resumir en los siguientes 3 pasos:

1) Una empresa (A) realiza una adquisición intracomunitaria, por ejemplo comprando mercancía a otro país comunitario, en la que se auto-repercute y simultáneamente se deduce la cuota de IVA. Posteriormente vende dicha mercancía en el mercado interior a otra empresa (B), la cual soporta IVA por la operación, adquiriendo consiguientemente el derecho a su deducción. Sin embargo, tras realizar la venta, la empresa (A) desaparecerá sin haber ingresado el IVA repercutido al comprador, generando por tanto un perjuicio a la Hacienda Pública en dicha cuantía. A la empresa (A) se le suele denominar “trucha” ya que siempre va a estar administrada por testaferros o personas interpuestas o insolventes, careciendo además de una estructura empresarial real, por lo que a la inspección tributaria le resultará muy complicado seguirle la pista y exigirle responsabilidades.

2) La empresa (B) que ha comprado la mercancía a la empresa “trucha” (A), va a venderla, siempre con un muy estrecho margen de beneficio, a una tercera empresa (C) que actuará de destinataria final. Esta empresa (B) cumplirá perfectamente con sus obligaciones fiscales, deduciéndose las cuotas soportadas de (A) y repercutiendo las que correspondan al destinatario final. A esta empresa (B) se la conoce como empresa “pantalla” ya que su principal objetivo es ocultar la relación existente entre las empresas (A) y (C). Es posible incluso que existan múltiples empresas “pantalla” con el fin de entorpecer aún más la labor de investigación de la inspección y diluir así este nexo de unión.

3) La empresa destinataria final (C) puede seguir dos estrategias distintas:

a) Funcionar en el mercado como una empresa perfectamente normal, pero adquiriendo la mercancía a un precio muy inferior al de la competencia, ya que se habría beneficiado de la trama de fraude anterior que consigue disminuir los costes de imposición indirecta asociados a la transformación de un producto. Por tanto, la empresa (C) ganaría en términos de competitividad en el mercado, bien porque ve ampliado su margen de beneficios, bien porque se puede permitir vender a un precio más barato.

b) Reiniciar nuevamente la misma cadena de fraude. Vendería de nuevo la mercancía a un país comunitario, solicitando la devolución del IVA soportado por tratarse de una entrega intracomunitaria exenta. De esta forma se iniciaría un nuevo ciclo de defraudación, que podría continuar dando vueltas, de ahí la denominación de “fraude carrusel”.

Esquema de defraudación carrusel en el IVA

Esquema de defraudación carrusel en el IVA

Finalmente, cabe señalar que este esquema básico de defraudación admite amplias variaciones y complicaciones. Entre otras: que la mercancía que se haga circular sea ficticia, porque se emplee facturación y documentación de transporte falsa, o carezca de valor;  que la cadena de empresas “pantalla” diluyan su actividad fraudulenta compatibilizándola con actividades empresariales perfectamente legales; existencia de simulación en los negocios jurídicos; utilización conjunta con otros sistemas de fraude; etc.

Las consecuencias de este tipo de fraude son gravísimas. Con el “fraude carrusel” no sólo se deja de ingresar a la Hacienda Pública, sino que se detraen parte de sus ingresos, obtenidos en forma de devolución de IVA. Al mismo tiempo, generan importantes distorsiones en determinados sectores como el tecnológico, en los que la reducción fraudulenta de costes para algunas empresas ha supuesto la expulsión del mercado de competidores cumplidores con la ley.

Por último, debemos advertir que la reciente subida de tipos de IVA en España (desde el 1 de septiembre de 2012), nos convierte en un país más atractivo para realizar este tipo de fraude.

Más información | El “fraude carrusel” en el IVA. Modalidades y propuestas para erradicarlo.

Imagen | El fraude carrusel en el IVA

Criterio de caja en el IVA: no es oro todo lo que reluce

IVADurante esta dilatada crisis económica que está atravesando nuestro país, han sido muchos los autónomos y pequeños empresarios que ante el habitual retraso sufrido en el cobro de las facturas emitidas a otros empresarios o incluso a las Administraciones Públicas, han alzado sus voces para denunciar la injusta situación que se deriva del hecho de que, con la actual normativa del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido), aún no habiendo cobrado el importe de dichas facturas emitidas se encuentran igualmente obligados a ingresar el IVA correspondiente a las mismas desde el momento de su emisión. Esto es así ya que la Ley del impuesto les obliga a participar en la recaudación del mismo mediante la denominada figura de la repercusión (art. 88 LIVA).

El incremento de la morosidad ya provoca de por sí problemas de tesorería en las empresas, pero si le sumamos el inconveniente de tener que ingresar una parte de lo no cobrado en la Hacienda Pública, en muchos casos la situación se vuelve insostenible. Por ello, han surgido las voces que proponen cambiar el actual sistema de devengo del IVA (art. 75 LIVA) por un nuevo criterio de caja, según el cual el nacimiento de la obligación de ingreso del IVA repercutido no se produzca hasta el momento en el que se efectúe el cobro de la factura, siendo por tanto indiferente el momento en el que se haya emitido.

Así explicada, la medida de sustituir el criterio de devengo por el de caja parece absolutamente justa y además de sentido común. Esta circunstancia, unida a su elevado impacto social, ha provocado que algunos colectivos hayan agitado esta bandera. Entre ellos, el Partido Popular que ya, desde la pasada campaña electoral, ha venido proponiendo la adopción de la medida en varias ocasiones. En el reciente debate sobre el estado de la nación, parece que la bandera se ha agitado más que nunca y por fin tenemos una propuesta “seria” de implementación. En concreto, el Presidente del Gobierno ha anunciado el establecimiento de un régimen especial y voluntario en la Ley del IVA para la aplicación de este criterio de caja, al que se podrán acoger las PYMES y los autónomos con un volumen de negocio inferior a los 2 millones de euros y cuya entrada en vigor se produciría a partir del 1 de enero de 2014.

Tras el esperado anuncio, buena parte de las agrupaciones de autónomos y pequeñas empresas han celebrado la iniciativa del Gobierno. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), incluso se ha apresurado a solicitar al Gobierno que ampliase el límite de los 2 millones de euros de facturación hasta los 6 millones, para que así se pudiesen ver beneficiadas más empresas. Sin embargo, dicha petición tendrá muy difícil satisfacción teniendo en cuenta que la limitación de los 2 millones está impuesta por Bruselas a través de la vigente normativa comunitaria en materia de IVA, que a través de una serie de directivas ha ido organizando la armonización de este impuesto a nivel europeo.

Ante este panorama cabría preguntarse ¿por qué diablos no se habrá aprobado antes una medida que a priori parece de sentido común?

Seguramente la respuesta se aproxime bastante a aquello de que “hay que tener cuidado con lo que se desea” o “no es oro todo lo que reluce”. Sería bueno pararse a pensar y concederle al legislador el beneficio de la duda por haberse decantado desde un principio por el sistema de devengo en lugar de por el sistema de caja. Aunque apenas se habla de ello, veamos a continuación los tres principales problemas que podría plantear el a priori más justo criterio de caja:

1) Quien decida optar por el criterio de caja deberá retrasar las deducciones de su IVA soportado al momento en el que se paguen las cuotas correspondientes. Parece lógico que del mismo modo que se retrasaría el ingreso del IVA repercutido en la Hacienda Pública, suceda otro tanto con la deducción del IVA soportado. De lo contrario, se estaría favoreciendo la financiación gratuita por parte del contribuyente con cargo a la Hacienda Pública.

2) La convivencia del criterio de caja en un régimen especial con el criterio general de devengo complicará la llevanza diaria de la contabilidad, incrementando además los costes técnicos de las empresas por la adaptación de programas informáticos, formación del personal o aumento del coste de asesoría externa. En concreto, se duplicarían los registros contables del IVA en función de si el proveedor de la empresa se acogiese a uno u otro régimen. El Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia, Gregorio Labatut, analiza en profundidad esta cuestión en su blog.

3) Incremento del fraude fiscal y mayores costes de control para la Administración y de cumplimiento para el contribuyente. Con el criterio del devengo, el control del IVA por parte de la Hacienda Pública resulta relativamente sencillo a través de un libro registro de facturas emitidas (IVA repercutido) y recibidas (IVA soportado) por parte de las empresas, que además constituye una potente fuente de control tributario a través del mecanismo de cruce de datos. Sin embargo, las dificultades técnicas para el control del pago de una factura son mucho mayores que las que derivan del control de su emisión. Esto hará que se incrementen los controles de cumplimiento en los contribuyentes que se acojan al criterio de caja, pudiendo llegar incluso a la limitación a los pagos en efectivo para que la Administración tributaria pudiese contar con un registro bancario de los pagos realizados. Paralelamente se incrementarían los costes de control que sufre el Estado al tener que destinar más medios a la vigilancia de estas operaciones.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la actual normativa ya contempla un procedimiento por el que se puede solicitar a la Hacienda Pública la devolución del IVA correspondiente a facturas impagadas (art. 80 Cuatro LIVA). En mi opinión, potenciando este mecanismo mediante la relajación de los requisitos necesarios para considerar una factura como incobrable, recortando los plazos y estableciendo una mayor predisposición por parte de la Administración tributaria a la colaboración con el contribuyente en su aplicación, se podría conseguir un efecto muy similar al pretendido con la implementación del criterio de caja en el IVA. Con ello se evitarían los problemas analizados, que seguramente harán que los autónomos y PYMES se piensen dos veces su inscripción en el prometido régimen especial.

Más información | Jaume Viñas (Periodista de CincoDías): “Pagar el IVA al cobrar la factura no será tan fácil como parece”Eduardo Verdún (Socio de Tributación indirecta en Ernst & Young): “Por fin el cobro del IVA se ajusta a la crisis”.

Imagen | IVA.

Inconstitucionalidad del resucitado Impuesto sobre el Patrimonio.

El Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, que ha entrado en vigor hace unos días, más allá del dudoso impacto económico de la media (en este sentido se pueden leer por ejemplo las interesantes opiniones de Bartolomé Borrego Zabala aquí), resulta a todas luces una norma manifiestamente inconstitucional.

Esta inconstitucionalidad se produce por la vulneración del denominado “principio de reserva de ley en materia tributaria”, establecido en el art. 31.3 de la Constitución Española (CE) por el que sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la Ley. Dicho precepto se concreta en los arts. 4.1 y 8 de la Ley 58/2003, de 17 de septiembre, General Tributaria (LGT): el primero estableciendo que la potestad originaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley y el segundo concretando los elementos concretos de la relación tributaria que han de ser regulados por Ley.

El fundamento del establecimiento de una reserva de este tipo en nuestra Constitución, no es otro que el de fomentar la seguridad jurídica en un sector tan delicado como el tributario, que en última instancia trasciende a las esferas más privadas del ciudadano como la propiedad o el derecho a la igualdad, requiriéndose por tanto los trámites parlamentarios ordinarios para poder legislar. Siguiendo esta lógica, el art. 86 de la CE concibe al Decreto-Ley como un instrumento legislativo de carácter excepcional, que al aliviar dichos trámites parlamentarios, sólo será posible emplear en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, quedándole en todo caso vedadas materias relativas a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el Título Primero de la CE. Dado que la redacción de este artículo podría dar lugar a entender que ninguna norma tributaria podría ser regulada por un Decreto-Ley, ya que al menos indirectamente cabría establecer una cierta vinculación con el citado Título Primero de la CE, en el que se contienen los principios generales del orden fiscal y del deber de contribuir, el Tribunal Constitucional ha interpretado que para no dejar sin contenido a esta figura legislativa, el principio de reserva de Ley en materia tributaria se restringirá a la creación de tributos y a la determinación de los elementos esenciales o configuradores de los mismos. Dichos elementos configuradores vendrían a coincidir con los proclamados en el art. 8 de la LGT, entre los que se encuentran los contenidos en la letra d) el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

Así las cosas, cuando en el año 2008 se “congela” el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante el establecimiento de una bonificación general del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto, sí se respeta la comentada reserva de Ley, ya que se aprueba en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre. En cambio ahora, debido a la premura parlamentaria, se saca del congelador con un Decreto-Ley que atenta contra la reserva.

Uno ya no sabe si es que nuestros dirigentes se han puesto a supervisar nubes demasiado pronto o si es que por un puñado de votos se está dispuesto a poner en juego la seguridad jurídica del Estado. Sea como sea, los verdaderos ricos seguirán escabulléndose con los mecanismos habituales (participación en sociedades, domicilio fiscal en Madrid que cuenta con bonificación autonómica del 100%…), mientras que los más despistados serán los que paguen los platos rotos por haberse ahorrado a un asesor.

Veremos si en los próximos meses podemos hablar de recursos de inconstitucionalidad o de devolución de ingresos indebidos…